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5 puntos para entender la polémica alrededor de la Ley de Promoción Agraria

7 de diciembre de 2020.

Portada: Peruimagenes vía Wikimedia Commons

El 2020 ha sido un año sumamente desafiante para el Perú. En medio de la coyuntura del COVID-19 y envuelto en una grave crisis política, el país atraviesa desde la semana pasada una serie de violentas protestas relacionadas a las condiciones laborales del sector agroindustrial.

El Congreso del Perú votó el último viernes por derogar la Ley de Promoción Agraria que fue instaurada en octubre de 2000, y que recientemente había sido prorrogada hasta el 2031 por el mismo congreso el año anterior. ¿Qué implicancias tiene esta decisión en el segundo sector económico más importante del país? En 5 puntos resumidos presentamos algunos datos y perspectivas sobre la problemática actual, con la finalidad de informar e invitar al intercambio de ideas.

  1. ¿Qué es la Ley de Promoción Agraria?

La Ley N°27360 “Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario” (ver texto completo aquí) entró en vigor en octubre de 2000 y tuvo como objetivo fomentar el desarrollo de la agroindustria a través de medidas como la imposición de una tasa fija de impuesto a la renta (15%), la recuperación anticipada del impuesto general a la venta (IGV) y el ahora debatido régimen laboral agrario.

El régimen laboral agrario consiste en abrir la posibilidad para las empresas agroindustriales de contratar a su personal operativo por periodos determinados. La agricultura es una actividad estacional, y he aquí la clave de la Ley Agraria. Las frutas y hortalizas tienen un periodo de cosecha que se lleva a cabo en meses determinados del año y que puede variar según la ubicación del terreno, variedad del cultivo y factores climáticos. La campaña alta de la palta Hass, por ejemplo, suele ser entre abril y agosto, mientras que el mango Kent se cosecha mayormente entre noviembre y marzo.

El número de trabajadores requerido para llevar a cabo la recolección de frutos es sustancial. Por ende, existe una diferencia amplia entre la mano de obra requerida durante la temporada de cosecha y el resto de los meses del año. El régimen laboral agrario incentiva a que las empresas agroindustriales contraten formalmente y con todos los beneficios de ley a los colaboradores que apoyan en las diversas labores agrícolas, por el periodo determinado en el que realizarán su trabajo.

  1. ¿Los trabajadores agrícolas ganan menos que en otros sectores?

No. En la última versión de la Ley de Promoción Agraria (aprobada por el congreso en 2019 y extendida hasta el 2031 mediante el Decreto de Urgencia N°043-2019), la remuneración diaria de los trabajadores agrícolas queda establecida en S/ 31.00 por un jornal de 8 horas, exactamente igual que en el régimen laboral general. Debido a la particularidad de la estacionalidad en el sector, el régimen agrario contempla los beneficios de ley (gratificación y Compensación por Tiempo de Servicios, o CTS) dentro de la remuneración diaria de los trabajadores. En el siguiente cuadro elaborado por el diario Gestión, se realiza un comparativo entre la Remuneración Mínima Vital (RMV) percibida dentro del régimen laboral general y el régimen laboral agrario:

Fuente: Paro agrario | Ica | Diferencias en el sueldo bajo el Régimen Agrario y el Régimen General | ECONOMIA | GESTIÓN (gestion.pe) 

Además de los beneficios de gratificación y CTS, ambos regímenes incluyen vacaciones, compensación por despido arbitrario, pensiones, seguros de salud, asignación familiar y horas extra.

  1. Entonces, ¿por qué las protestas?

Como ya bien se mencionó, la Ley Agraria se adapta a la estacionalidad de la agricultura al permitir los contratos por periodo determinado. Si bien esta medida fomenta la formalización, existe una parte de la fuerza laboral que percibe que las empresas agroindustriales no proveen estabilidad o contratos laborales a largo plazo y califican a esta práctica (de manera errónea) como «despido arbitrario». La falta de una comunicación contundente y constante acerca de los beneficios de la Ley Agraria ha causado que muchos trabajadores se sientan excluidos del crecimiento acelerado del sector.

Además, estas consideraciones aplican al 25% del sector agroindustrial que opera y contrata a su personal de manera formal[1]. El 75% restante lamentablemente funciona fuera del marco legal, donde los trabajadores son contratados de manera ilícita y sin ningún beneficio de ley. En muchas de las empresas informales, las condiciones de trabajo son precarias y las horas de trabajo exceden a los máximos establecidos por el Estado.

Aquí también entran a tallar las mencionadas “services”. De esta manera se conoce a empresas mediante las cuales se terceriza la contratación de personal agrario, que con frecuencia acuden a la mano de obra informal para realizar las actividades agrícolas. Por tanto, la informalidad en el sector se extiende no sólo a nivel de productor sino también a sus proveedores. Así se genera una cadena de informalidad donde se pierde la trazabilidad de los bienes agroindustriales y sus procesos de producción.

  1. ¿Está bien que se haya derogado la Ley Agraria?

Desde un punto de vista legal y económico, no. En realidad, la Ley Agraria concilia las exigencias legales de la contratación laboral con las particularidades del sector agrario. Genera un fuerte incentivo para que las empresas agroindustriales contraten de manera formal a sus colaboradores, y que estos puedan disfrutar de todos los beneficios laborales que se les adjudica por ley. De hecho, desde la implementación de la Ley Agraria, la tasa de pobreza de los trabajadores formalmente empleados en el sector se redujo en 51 puntos porcentuales y el sueldo promedio superó a la RMV, llegando a S/ 1,543 en 2019. Por otro lado, la agroindustria pasó de generar US$640 millones en 2000 a US$7,089 millones en 2019, a su vez creando 881,000 puestos de trabajo formal para peruanas y peruanos[2].

Es importante tomar en cuenta que previo a la existencia de la Ley Agraria, la contratación de personal de campo se daba también de manera estacional; no obstante, el porcentaje de trabajadores contratados de manera informal llegaba a cifras mucho mayores. La obligación de contratar a trabajadores agrarios bajo el régimen laboral común genera un sobrecosto de tal magnitud que reduce la competitividad y sostenibilidad de las empresas agroindustriales. De aquí parte la causa de la alta informalidad en el sector, más aún en una industria donde la mayor parte de las actividades se realiza en zonas rurales y lejos del alcance de las autoridades fiscalizadoras.

A esto se suma los intereses políticos en un periodo de crisis gubernamental y a pocos meses de las próximas elecciones presidenciales. Sectores importantes del entorno político capitalizan los reclamos válidos de una parte de la industria para generar desconfianza en la administración actual mediante campañas de desinformación. Es por ello que nuestra postura es que el problema real reside no en la existencia de la Ley Agraria, sino en su aplicación y cumplimiento. La derogación de Ley no genera más que incertidumbre en el sector y desalienta la inversión privada, vulnerando la posibilidad de expandir un sector económico de vital importancia para el país. De manera crítica, revertirá los esfuerzos del Legislativo y el Ejecutivo por formular una ley con una sólida base económica y legal, cuando realmente la clave está en fortalecer el deber fiscalizador de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y garantizar los derechos laborales de los trabajadores agrarios.

  1. ¿Qué podemos hacer para mejorar la situación actual de la agroindustria?

Primero, es importante informarse correctamente y debatir ideas de manera respetuosa y democrática. Ninguna opinión es incorrecta, pero es fundamental sustentar nuestras posiciones con datos concretos e identificar las causas raíz del problema. Comparte tus ideas con tu entorno personal y conversa con aquellos del lado opuesto del espectro para llegar a un entendimiento integral de la situación.

Segundo, modificar nuestros hábitos de consumo para fomentar la industria responsable. Los incentivos económicos tienen un papel fundamental en una economía de libre mercado y al optar por productos con certificaciones como Fairtrade (Comercio Justo) y Orgánica, creamos estímulos para que las empresas operen de manera sostenible.

Tercero, promover la capacitación técnica de la fuerza laboral agrícola. Al potenciar su conjunto de habilidades profesionales, podrán aportar en diferentes partes de la cadena productiva y emplear sus habilidades a lo largo de todo el año, de esta manera compensando por la estacionalidad inherente a la agricultura.

Y finalmente, crear un sentido de responsabilidad en nuestros dirigentes políticos. A través de medios de comunicación y redes sociales, debemos hacer llegar a la clase política nuestras exigencias como ciudadanos, reclamando el cumplimento de las leyes laborales con propuestas sensatas y rechazando medidas populistas de mirada cortoplacista.

 

La derogación de la Ley de Promoción Agraria se da en un momento de confluencia entre muchos retos a nivel nacional e internacional. Lamentablemente, ha servido para generar mayor incertidumbre en la situación socioeconómica del Perú, pasando por alto las verdaderas necesidades del sector y los cientos de miles de colaboradores que lo componen. Será una valiosísima lección en la importancia de permanecer informados y analizar a profundidad la compleja realidad del país.

 

[1] Solo hay un 25% de formalidad en las empresas del sector agrario | Protestas en Ica | Trabajadores | RPP Noticias

[2] Comunicado AGAP: El Congreso de la República acaba de derogar una Ley que generó 800 mil empleos formales en el sector agrícola | AGAP (agapperu.org)